SERCOVI

Observatorio de Acreditación Institucional · Ensayo

Hacemos acciones de convivencia, pero su evaluación todavía no es sistemática

Rodrigo Viveros Soto, director de SERCOVI

decisiones publicadas por la CNA hasta el 10/10/2026, según la revisión del 18/10/2026, con sus reposiciones; apelaciones al CNED revisadas hasta el 19/10/2026

Resumen

El instituto profesional o el centro de formación técnica tiene una política integral contra el acoso, una política de inclusión, un protocolo, un comité o una unidad de género y campañas de sensibilización, y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) lo constata. Aun así le escribe que no mide los resultados ni el impacto de lo que hace, que la evaluación es parcial o reciente, o que solo mide cobertura y satisfacción.

Este ensayo lee el criterio de gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión (C9) del subsistema técnico profesional en las decisiones de acreditación de 16 institutos y centros del conjunto analizado: sus relaciones con otros criterios, las debilidades y oportunidades de mejora de la síntesis, la sección de C9 de cada resolución y lo que obliga la ley 21.369.

Se encontraron tres cosas. Primero, medir los resultados y el impacto de estas políticas es el punto que más se repite en la síntesis de todo el subsistema técnico profesional: aparece en diez de 16 instituciones, seis veces como debilidad, y lo dan los dos codificadores (uno lo junta en diez y el otro en cinco); en cuatro pide el efecto, en una el efecto y extenderlo, y en las demás, extender, formalizar o conectar la medición. En la sección de C9 la Comisión lo pide en 13 de 16. Segundo, la norma escribe el impacto y los resultados en el nivel 3, pero la Comisión pide medirlos a casi todas, en la misma proporción en que las instituciones se asignaron cada nivel: de las 13, nueve se asignaron el nivel 2, como 11 de las 16. Lo que pide va de tener una evaluación formal a mostrar el impacto: en la síntesis, cuatro de los diez puntos piden el efecto como tal. Según su texto, la ley 21.369 pide que la política contra la violencia de género tenga mecanismos de evaluación de su impacto; en la lectura de la sección, solo uno de los 13 pedidos nombra la violencia de género, y el resto apunta a las políticas del criterio en general, la convivencia o la inclusión. Por qué la Comisión lo pide, el corpus no lo decide. Tercero, la Comisión casi no une los recursos de estas políticas con la gestión de recursos (tres y seis de 16); en la sección de C9 nombra una unidad o comité a cargo en seis y el presupuesto en ninguna.

Las cifras de la sección se leen como indicio: esa lectura es del Observatorio, sin segundo codificador. Para la institución, las políticas y los protocolos ya se ven en la resolución. Lo que la Comisión pide es, primero, una evaluación formal y sistemática y, después, ver qué cambian, más allá de la cobertura y la satisfacción.

1. El síntoma

Un instituto profesional (IP) o un centro de formación técnica (CFT) aprobó su política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, tiene una política de diversidad e inclusión, un protocolo de denuncia, un comité o una unidad que coordina, y hace campañas de sensibilización y capacitación. Mide la satisfacción de estudiantes y personal. Cuando llega la resolución, la Comisión describe todo eso, lo valora y agrega algo parecido a esto: que no hay una evaluación formal ni resultados medibles del impacto de las estrategias, que la evaluación es parcial o reciente, o que la medición se concentra en la cobertura y la satisfacción. En este criterio, la Comisión deja a 12 de las 16 en el nivel 2.

El síntoma tiene un fundamento normativo. La norma de la CNA para el subsistema técnico profesional pide en el nivel 1 de C9 políticas de equidad de género y de diversidad e inclusión, "y se despliegan acciones y recursos en función de ella"; en el nivel 2, "mecanismos de gestión y procesos formalizados para articular y promover acciones" en cada una de esas líneas, "que se evidencian en acciones concretas en diferentes estamentos", sin nombrar la evaluación; y en el nivel 3, resultados de satisfacción "que permiten evidenciar el impacto de las estrategias implementadas en la convivencia", y estrategias de género y de inclusión que "permiten evidenciar los resultados alcanzados y proyectar su mejoramiento" (Comisión Nacional de Acreditación, 2021b). La norma escribe el impacto en el nivel 3.

Este ensayo es el noveno de los 16 de la lectura por criterio del subsistema técnico profesional del Observatorio, y el cuarto y último de la Dimensión II (Gestión estratégica y recursos institucionales). Que la Comisión no escriba una relación no prueba que la institución no la trabaje ni que la Comisión no la haya mirado: el silencio cuenta solo donde la institución se asignó el nivel de la relación o uno mayor, y puede deberse a que no la trabaje, a que no la presente, a que la Comisión no la escriba o a que no le hiciera falta para fundar el nivel.

El método es el de la pieza Los criterios técnico profesionales forman un sistema, pero la resolución calla más sus conexiones, sobre todo en la docencia, que a su vez remite a la pieza universitaria. La tesis que se puso a prueba es una sola para los 16 criterios: el sistema trabaja como lo escribe la norma. Se lee en tres partes: (a) la relación está en la norma; (b) la Comisión la evalúa, lo que se observa cuando une los dos criterios en una frase, sea para constatar o para decir que falta; nombrarlos en secciones distintas o callar cuenta en contra; (c) la institución la trabaja, lo que se infiere cuando la Comisión, en las instituciones que se asignaron el nivel de la relación, la constata más de lo que señala que falta. Cada parte queda en pie en una relación si tiene más instituciones a favor que en contra, se debilita si tiene más en contra, ajusta si empata y queda sin base si las instituciones a favor y en contra de esa parte suman menos de tres. La tesis y esas reglas se fijaron antes de mirar las resoluciones. Las relaciones se codificaron en un barrido único de las 16 resoluciones, con dos codificadores de inteligencia artificial que no conocían la tesis (codificadores ciegos).

C9 tiene solo dos relaciones escritas con otros criterios, y por eso este ensayo se apoya sobre todo en las debilidades y oportunidades de mejora de la síntesis y en una lectura de la sección de C9. Lo propio del ensayo, la medición, sale de esas dos fuentes, sin una condición previa que la pusiera a prueba: es una descripción, no una prueba de la tesis. El título resume lo que muestran las resoluciones, no lo que pasa en cada institución. En el ensayo, nivel tiene tres usos: el de la norma donde está escrito un estándar, el que se asignó la institución en su autoevaluación y el que le deja la Comisión. C1 a C16 son los criterios técnico profesionales, que no son los mismos que los universitarios con igual número.

2. Qué escribe la norma en C9, y qué escribe la ley

La norma describe C9 así: "La institución promueve el desarrollo integral de su comunidad, en todo su quehacer, y responde en su gestión a los desafíos en materia de convivencia, equidad de género, respeto a la diversidad e inclusión, en función de sus propósitos institucionales" (Comisión Nacional de Acreditación, 2021b). Sus dos relaciones con otros criterios son los recursos de las políticas de equidad de género y de diversidad e inclusión, unidos con la gestión de recursos (C8). Otras dos llegan a todas las dimensiones. El resto de C9 es interno: la convivencia, los mecanismos formalizados y los resultados.

La ley 21.369, sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género en la educación superior, escribe en su artículo 3 que la política integral contendrá acciones de prevención, sanción y formación, entre otras, "y mecanismos de monitoreo y evaluación de su impacto", y que las unidades responsables dispondrán de recursos humanos y presupuestarios suficientes; el artículo 6 pide órganos de investigación y sanción con "recursos humanos y presupuestarios suficientes para desarrollar sus funciones" (Ley N° 21.369, 2021). Según su texto, rige para todas las instituciones, sin niveles, y pide que la política tenga esos mecanismos; no dice qué resultados debe mostrar. Según su artículo 7, la institución que no adopte la política integral no puede acreditarse, y según su artículo 10, la Superintendencia de Educación Superior es competente para sancionar el incumplimiento. Según un oficio circular de la Superintendencia y unas orientaciones de la Subsecretaría, ambos de 2022, documentos administrativos de rango menor que la ley, verificar su cumplimiento corresponde a la Superintendencia (Superintendencia de Educación Superior, 2022; Subsecretaría de Educación Superior, 2022); la resolución de acreditación trae lo que la Superintendencia informa en un considerando. El ensayo universitario de convivencia, El nivel en convivencia no dice si cumplimos la ley de acoso y violencia de género, cita esos documentos y lo desarrolla.

Un límite se dice desde el principio. Medir los resultados, los mecanismos formalizados y la accesibilidad son internos de C9: el barrido no los codifica como relación. Entran a este ensayo por la síntesis, por la lectura de la sección de C9 (sección 3 y anexo A) y por una segunda vuelta del barrido sobre la ley (sección 3.3).

3. Lo que escribe la Comisión

La Comisión describe las políticas y los protocolos, nombra una estructura a cargo en seis instituciones y pide medir qué cambian, también a instituciones del nivel 2. Casi no une los recursos de estas políticas con la gestión de recursos.

En la Figura 1, las dos primeras barras son las relaciones de C9 con la gestión de recursos. A la derecha, en verde, van las instituciones donde la Comisión constata; a la izquierda, en ámbar, donde señala que falta. Las tres últimas barras vienen de la lectura de la sección de C9 y muestran lo que la Comisión escribe de la medición de resultados, de la estructura a cargo y de la accesibilidad. Conviene mirar la barra de la medición.

Figura 1. Lo que escribe la Comisión en las relaciones de C9 con otros criterios y en la sección de C9

Figura 1. Lo que escribe la Comisión en las relaciones de C9 con otros criterios y en la sección de C9

Cuentan: institutos y centros que se asignaron el nivel de la relación o uno mayor; en las dos relaciones, las 16. Las barras de las relaciones suman las instituciones donde la Comisión une los dos criterios para constatar o para señalar que falta; en las demás calla. Las tres últimas barras salen de la lectura de la sección de C9, sin segundo codificador, y cuentan las 16: a la derecha, donde la Comisión constata (en la medición, un sistema de seguimiento); a la izquierda, donde escribe que falta o pone una reserva (en la medición, las 13 que piden medir y la de la reserva). Las cifras de las relaciones están en la Tabla 1 del anexo C. 16 decisiones del conjunto analizado.

En las relaciones, las barras son cortas: la Comisión calla los recursos de estas políticas en la mayoría. En la lectura, la medición cae casi entera a la izquierda.

3.1 Medir los resultados y el impacto

En la síntesis. El punto que más se repite en las debilidades y oportunidades de mejora de todo el subsistema técnico profesional es este (el siguiente está en ocho instituciones): medir los resultados y el impacto de las políticas de convivencia, género e inclusión. Está en diez de las 16 instituciones, seis veces como debilidad y cuatro como oportunidad de mejora, y lo dan los dos codificadores ciegos: uno lo junta en las diez y el otro en cinco, sobre el umbral de cuatro. Según la prueba de qué falta, que clasifica cada punto, en cuatro pide el efecto, en uno el efecto y extenderlo, en dos pide extender lo que hay y en los otros tres, formalizar, reconocer o conectar la medición: no todos piden el impacto como tal.

En la sección de C9. La Comisión pide medir resultados o impacto en 13 de las 16 secciones: que haya una evaluación formal, indicadores y resultados medibles, que la evaluación deje de ser parcial o reciente, que llegue a toda la comunidad y no solo al personal, que se mida la contribución a las brechas de acceso, progresión y liderazgo, o que mire el mediano y el largo plazo. En una pone una reserva: la unidad es reciente y aún no es posible analizar sus resultados. En una constata un seguimiento de la política. En una no lo escribe. Donde la institución mide cobertura, percepción o satisfacción, la Comisión pide ir más allá.

La medición y el nivel. Antes de afirmarlo, se cruzó con el nivel que se asignó la institución. La norma pone el impacto y los resultados en el nivel 3; en el nivel 2 pide mecanismos de gestión y procesos formalizados, sin nombrar la evaluación. De las 13 instituciones donde la Comisión pide medir en la sección, nueve se asignaron el nivel 2 y cuatro el nivel 3: casi la misma proporción del conjunto (11 y cinco de 16). De las seis debilidades del patrón, cinco son de instituciones que se asignaron el nivel 2. El pedido no se concentra en un nivel: la Comisión lo hace a casi todas, también a las que no se asignaron el nivel donde la norma lo escribe. Las debilidades, según las reglas de la CNA para la evaluación externa, se revisan en el proceso siguiente.

Hay tres explicaciones posibles, y el corpus no decide entre ellas. La primera tiene base en la ley: según su artículo 3, la política contra la violencia de género debe tener mecanismos de evaluación de su impacto. En la segunda vuelta del barrido, la Comisión funda un juicio de C9 en la ley en diez de las 13 instituciones donde pide medir, la misma proporción que en el conjunto (12 de 16), y ese juicio puede ser sobre el protocolo o la política, no sobre la medición. En la lectura de la sección, solo uno de los 13 pedidos de medir nombra la violencia de género; el resto apunta a las políticas del criterio en general, que incluyen la de violencia de género, a la convivencia o a la inclusión. Que la Superintendencia informe que las 16 no presentan infracciones a la obligación de adoptar la política no separa nada: ese informe es sobre adoptarla. La segunda: la Comisión lee la evaluación formal como parte de la gestión formalizada del nivel 2; dos grupos de la síntesis piden instalar una gestión formalizada con plan e indicadores. La tercera: la Comisión usa el estándar del nivel 3 como camino de mejora, como lo hace con la satisfacción de los usuarios en el ensayo técnico profesional de recursos (Tenemos los recursos, pero no mostramos cómo los planificamos). La clasificación de a qué política apunta cada pedido es de un solo lector.

3.2 Los recursos de las políticas

Que las acciones y recursos se desplieguen en función de la política de equidad de género (hacia C8), en el nivel 1: la Comisión lo une con la gestión de recursos en tres de 16, constata en dos y señala falta en una; calla en 13. La parte (b) se debilita y la (c) queda en pie, con tres instituciones, el mínimo de la regla: es indicio. Que se desplieguen en función de la política de diversidad e inclusión (hacia C8), en el nivel 1: la une en seis de 16, constata en tres y señala falta en tres, dos de ellas para extender la accesibilidad a las personas con discapacidad; calla en diez. La parte (b) se debilita y la (c) ajusta. El ensayo de la gestión de recursos lee estas dos relaciones desde su lado.

En la sección de C9, la Comisión escribe una estructura a cargo de estas políticas (un comité, una unidad, un departamento o una dirección) en seis instituciones, y en una pone una reserva: la unidad es reciente y tiene una dotación limitada. En nueve no la escribe. El presupuesto de estas políticas no aparece en ninguna de las 16 secciones. La norma escribe los recursos en el nivel 1 y, según su texto, la ley pide recursos humanos y presupuestarios para las unidades y los órganos de sanción. Que la Comisión no escriba el presupuesto en la sección de C9 no dice que falte, ni que no aparezca en otra parte de la resolución: esta lectura miró solo esa sección.

3.3 Las leyes, la accesibilidad y la Superintendencia

La ley 21.369. En una segunda vuelta del barrido, una pasada aparte con dos codificadores sobre preguntas por institución, se leyó si la Comisión funda un juicio de C9 en la ley o en lo que la ley obliga. Lo hace en 12 de 16 instituciones y no en cuatro. El número de la ley aparece en la sección de C9 de tres; en las otras nueve, la Comisión juzga obligaciones de la ley sin nombrarla, y que el juicio se funde en la ley es una lectura de los codificadores. En las 16 resoluciones, el considerando sobre lo que informa la Superintendencia de la ley es favorable: dice que la institución no presenta infracciones a la obligación de adoptar una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género.

La discapacidad y la accesibilidad. La misma vuelta da cinco instituciones donde la Comisión funda un juicio de C9 en la discapacidad o la accesibilidad, tres donde la menciona y ocho donde no. En la lectura de la sección, la Comisión constata medidas de accesibilidad en cuatro (espacios adaptados, diseño universal, adaptación del equipamiento) y escribe que faltan en dos (los traslados y las dependencias para la discapacidad motora).

La Superintendencia en la sección. La Comisión cita a la Superintendencia en la sección de C9 de una sola institución, y no sobre la ley.

Otras leyes. La ley 21.369 llega también desde el modelo educativo (C2), el cuerpo docente (C5) y la integridad (C12); la ley 20.422, de inclusión de las personas con discapacidad, desde el modelo educativo y el acceso (C2 y C3); y la ley 21.643, sobre acoso laboral, aparece en la sección de C9 de dos (en una, por su nombre corriente, ley Karin). Se leen en los ensayos de esos criterios.

3.4 El nivel que deja la Comisión

La Comisión deja C9 en el nivel 2 en 12 de las 16 instituciones, en el nivel 3 en una y en el nivel 1 en tres. Lo baja del nivel que la institución se asignó en siete. De las 16, cinco se habían asignado el nivel 3. En ningún otro criterio técnico profesional de la Dimensión II la Comisión deja tantas instituciones en un mismo nivel (en la gestión de personas, ocho).

3.5 Lo que llega a todas las dimensiones

Dos relaciones van hacia todas las dimensiones y las leen los ensayos de C10 y C11; sus bases (15 y ocho) son las instituciones que se asignaron el nivel de esos criterios. Son relaciones del aseguramiento interno y de los programas que alcanzan también a C9. La política de calidad aplicada en todas las funciones y sedes (C10): une en 13 de 15, constata en seis y señala falta en siete; la parte (c) se debilita. Los criterios y estándares como referencia para evaluar las carreras (C11): une en cuatro de ocho, constata en dos y señala falta en dos; las partes (b) y (c) ajustan.

4. Cómo escribe la Comisión C9, y qué falta

En C9 la Comisión calla casi siempre la relación con la gestión de recursos y escribe en la sección, criterio por criterio, la política, el protocolo, la estructura y lo que falta medir.

Une o calla. En las dos relaciones de C9, la Comisión une en nueve de 32 casos y calla en 23; no separa en ninguno. La parte (b) se debilita en las dos, en parte porque la Comisión escribe cada criterio en su sección: los recursos de estas políticas, cuando los escribe, quedan en C9 sin nombrar la gestión de recursos.

Qué falta. En las relaciones hay tres frases distintas con falta (una repite la misma frase en las dos relaciones): dos piden extender la accesibilidad y la tercera pide atender la infraestructura, el monitoreo y el seguimiento. Todas van como debilidad.

Las universidades, aparte. Siete universidades, fuera de las 16, evaluaron además una oferta técnico profesional. En las relaciones de C9 el barrido no tiene celdas de ellas.

Debilidades y oportunidades de mejora. La Comisión escribe en la síntesis de C9 20 puntos en 14 de las 16 instituciones (13 debilidades y siete oportunidades de mejora), en siete grupos (uno de ellos tiene dos puntos de la misma institución). Uno es el patrón de la sección 3.1. Con dos instituciones cada uno: adecuar la infraestructura para las personas con discapacidad, instalar una gestión formalizada con plan e indicadores y ampliar la apropiación de las políticas en la comunidad. Otros tres grupos son de una sola institución: medir la percepción de la convivencia en toda la comunidad, definir criterios para atender necesidades diversas y profundizar el plan de trabajo sobre las brechas de género.

5. Lo que dice la literatura

Los estudios recientes y un reporte del Estado chileno describen un paso parecido al que pide la Comisión: de tener la política a mostrar qué cambia. Un estudio de la formación técnica en otro país encuentra que la política apoya la inclusión y que el monitoreo es débil.

Chile. El reporte de la Subsecretaría de Educación Superior sobre la implementación de la ley 21.369 nombra como eje para 2026 y 2027 "la transición desde un modelo de cumplimiento declarativo hacia uno de evaluación de impacto". A fines de 2021, según una encuesta del Centro de Estudios del Mineduc que cita el reporte, el 48% de 54 IP y CFT que respondieron no tenía un organismo centralizado para estas políticas (Subsecretaría de Educación Superior, 2026). Es un documento del Estado, no un estudio.

La formación técnica. En 14 colleges politécnicos de Etiopía, las políticas nacionales apoyan la igualdad de género, la discapacidad y la inclusión, pero la implementación es inconsistente, con infraestructura inaccesible, sistemas de monitoreo débiles y poca capacidad institucional (Sawo, 2026). En Eslovenia, un cuestionario basado en el Index for Inclusion, aplicado a 427 profesionales de la formación técnica, sirvió para medir dimensiones de la inclusión (Kristl y Jeznik, 2024): es un instrumento posible, no una evaluación de impacto.

Medir lo que cambia. En Australia, un código nacional obliga a construir marcos de resultados para evaluar la prevención y la respuesta a la violencia de género, y el estudio advierte sobre datos fragmentados y medidas de resultado poco definidas (Bertram y Pruscino, 2026). En una universidad irlandesa, el propio personal construyó indicadores para juzgar si las iniciativas de igualdad, diversidad e inclusión habían cambiado la institución, en vez de usarlas como marketing (Ruggi y Duvvury, 2024). En Cataluña, quienes impulsaban la igualdad de género la vincularon al aseguramiento de la calidad para tener instrumentos que obligaran a cumplirla, con el riesgo de que el instrumento técnico absorba la agenda (Caravaca y Moschetti, 2025). Los tres son de universidades.

Lo que falta. La búsqueda no encontró un estudio chileno sobre cómo miden los IP y CFT los resultados de sus políticas de convivencia, género e inclusión, ni se buscó literatura sobre si es factible pedir evaluaciones de impacto a instituciones del tamaño de muchos IP y CFT. El riesgo que advierten Caravaca y Moschetti, que el instrumento técnico absorba la agenda, vale también para un pedido de medir. Se declaran como límites de la búsqueda.

6. Qué queda en pie y qué significa para el IP o el CFT

En las dos relaciones de C9, la parte (b) se debilita: la Comisión calla los recursos de estas políticas en la gestión de recursos. La parte (c) queda en pie en los de género, con el mínimo de tres instituciones, como indicio, y ajusta en los de inclusión. Lo propio de C9 está fuera del barrido: en la síntesis y en la sección, la Comisión pide medir los resultados y el impacto. Para la institución, eso deja tres ideas.

  1. Lo que ya se ve: las políticas, los protocolos, las campañas y, en seis instituciones, una estructura a cargo.
  2. Lo que pide va de tener una evaluación formal, sistemática y que llegue a toda la comunidad, a mostrar resultados, impacto o contribución a las brechas; en la síntesis, cuatro de diez piden el efecto como tal. Lo pide a casi todas, y en seis como debilidad, que se revisa en el proceso siguiente. Para lo que toca la violencia de género, según su texto, la ley 21.369 ya pide que la política tenga mecanismos de evaluación de su impacto; el pedido de la Comisión es más ancho. Un paso posible es, primero, formalizar la evaluación de cada política y, después, definir pocos indicadores de resultado (por ejemplo, tiempos de respuesta a las denuncias, percepción de la convivencia en toda la comunidad, participación y progresión de los grupos que la política busca incluir) y revisarlos cada año. Es una forma, no algo que la norma diga; si con eso basta, las resoluciones no lo dicen.
  3. La Comisión casi no une los recursos de estas políticas con la gestión de recursos, y en la sección de C9 no escribe su presupuesto en ninguna. La norma pide en el nivel 1 que se desplieguen acciones y recursos en función de cada política; si la Comisión no los escribe porque no los ve o porque los lee en otra parte, las resoluciones no lo dicen.

7. Preguntas que quedan abiertas

  1. ¿Lee la Comisión la evaluación de resultados como parte de la gestión formalizada del nivel 2, o la pide como paso hacia el nivel 3? La ley explica a lo más una parte.
  2. ¿Qué cuenta como resultado de una política de convivencia, más allá de la cobertura y la satisfacción?
  3. ¿Por qué la Comisión casi no escribe el presupuesto de estas políticas, si la norma pone los recursos en el nivel 1?
  4. ¿Las debilidades y oportunidades de mejora de C9 tocan las mismas relaciones del barrido, más allá de su contenido? El cruce no se midió.

Si es tu caso. Si en tu instituto o centro hay política, protocolo, unidad y campañas, pero la Comisión te escribe que no mides los resultados ni el impacto, la nota técnica Cómo evaluar cada año nuestras acciones de convivencia, género e inclusión propone una evaluación anual con indicadores de resultado desde la primera vez: el primer año fija el valor de partida y la meta de cada resultado y, desde el segundo, muestra qué cambió. La nota toma el punto que más se repite en la síntesis del subsistema; no reemplaza una revisión jurídica del cumplimiento de la ley.

El paralelo universitario. La norma universitaria tiene el mismo criterio con otro número (C7), y su texto es casi idéntico: cambia "espacio universitario" por "espacio de la comunidad educativa" en el nivel 1, y la norma técnico profesional agrega "en la convivencia" al impacto del nivel 3 (Comisión Nacional de Acreditación, 2021a). Las dos ponen las políticas y sus recursos en el nivel 1, los mecanismos formalizados en el nivel 2 y los resultados y el impacto en el nivel 3. El ensayo universitario, El nivel en convivencia no dice si cumplimos la ley de acoso y violencia de género, lo lee desde su lado.

8. Limitaciones

Las limitaciones comunes están en la pieza de método técnico profesional y en la universitaria. Las propias de este ensayo son seis.

  1. Medir los resultados, la estructura, el presupuesto y la accesibilidad son internos de C9: el barrido no los codifica como relación, y la lectura de la sección (sección 3 y anexo A) es del Observatorio, sin segundo codificador. El patrón de la síntesis sí tiene los dos codificadores.
  2. Que la Comisión pida medir no prueba que la institución no mida, y que no escriba el presupuesto no prueba que falte: el corpus dice lo que la Comisión escribe.
  3. Si la institución cumple la ley 21.369 lo verifica la Superintendencia; este ensayo no lo evalúa, y las afirmaciones sobre la ley van según su texto.
  4. El nivel que asigna la Comisión es del criterio completo, y en C9 casi no varía (12 de 16 en el nivel 2).
  5. C9 tiene solo dos relaciones en el barrido; la tesis se pone a prueba en poco, y la parte (b) se debilita en parte porque la Comisión escribe los recursos de estas políticas, cuando los escribe, dentro de C9 sin nombrar la gestión de recursos.
  6. La clasificación de a qué política apunta cada pedido de medir es del Observatorio, sin segundo codificador.

Fecha de corte: decisiones de acreditación institucional publicadas por la CNA hasta el 10/10/2026, según la revisión del 18/10/2026, con sus reposiciones; apelaciones al Consejo Nacional de Educación revisadas hasta el 19/10/2026.

Declaración de uso de IA

La declaración completa está en la pieza de método técnico profesional. En este ensayo, Claude (Anthropic) leyó, sin segundo codificador, la sección de C9 de las 16 resoluciones en su texto final (anexo A), verificó el texto de la ley 21.369 y la forma de cada falta, hizo los recuentos con scripts y redactó el borrador. La lectura de los resultados la decidió el autor.

Referencias

Académicas

Bertram, R., y Pruscino, C. (2026). From compliance to accountability: strengthening gender-based violence evaluation under the National Higher Education Code. Journal of the Australian and New Zealand Student Services Association, 34(1).

Caravaca, A., y Moschetti, M. C. (2025). When gender meets quality assurance in higher education: policy innovation, conditions of possibility, and instrument co-optation. Journal of Education Policy, 40(4), 629-646. https://doi.org/10.1080/02680939.2025.2474934

Kristl, N., y Jeznik, K. (2024). Measuring inclusion in vocational education and training through the prism of justice of education. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 12(1), 103-117. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2024-12-1-103-117

Ruggi, L. O., y Duvvury, N. (2024). Grassroots key performance indicators: a contribution to the monitoring and evaluation of equality, diversity and inclusion. Journal of Research in Higher Education, 8(2). https://doi.org/10.24193/jrhe.2024.2.1

Sawo, B. A. (2026). Gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI) in the Ethiopian TVET system: analysis of policy and practice. International Journal of Social Science and Education Research, 8(7). https://doi.org/10.33545/26649845.2026.v8.i7a.755

Normativas y documentos oficiales

Comisión Nacional de Acreditación. (2021a). Criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional del subsistema universitario (Resolución Exenta DJ N°253-4, de 16 de septiembre de 2021). CNA-Chile.

Comisión Nacional de Acreditación. (2021b). Criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional del subsistema técnico profesional (Resolución Exenta DJ N°252-4, de 16 de septiembre de 2021). CNA-Chile.

Ley N° 21.369. (2021). Regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Diario Oficial de la República de Chile.

Subsecretaría de Educación Superior. (2022). Orientaciones para los procesos de implementación de políticas integrales que abordan acoso sexual, violencia y discriminación de género en educación superior. Ministerio de Educación.

Subsecretaría de Educación Superior. (2026). Ley N° 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Reporte del estado de su implementación (2022-2025). Ministerio de Educación.

Superintendencia de Educación Superior. (2022). Oficio Circular N° 0001, de 8 de julio de 2022. Da respuesta a dudas planteadas por instituciones de educación superior sobre la Ley N° 21.369.

Anexo

El método común está en el anexo de la pieza de método técnico profesional, que trae también las 59 relaciones con su resultado. Este anexo agrega solo lo propio de C9.

A. La lectura de la sección de C9 y las relaciones de lectura

La lectura de la sección 3 no es una relación del barrido. Claude leyó la sección de C9 de las 16 resoluciones en su texto final y anotó, por institución: qué escribe de la medición de resultados o impacto (constata un seguimiento, con reserva, falta, no lo escribe); si nombra una estructura a cargo de las políticas (constata, con reserva, no lo escribe); si escribe el presupuesto de estas políticas; qué escribe de la accesibilidad (constata, falta, no lo escribe); y, donde pide medir, a qué política apunta (la violencia de género, la convivencia, la inclusión, la equidad de género o las políticas del criterio en general). Con reserva quiere decir que la Comisión reconoce algo y en la misma frase le pone un límite; falta, que escribe que no existe o no alcanza. Sin segundo codificador y como dato descriptivo. El detalle por resolución está en el material de análisis. La ley y la discapacidad vienen de la segunda vuelta del barrido, con dos codificadores.

Las relaciones de lectura las registra el mapa normativo como lectura del autor; la norma no las escribe y no cuentan para la tesis. Son nueve, entre ellas la convivencia y la experiencia estudiantil con el acceso y la progresión (C3) y la comunidad educativa con la integridad (C12). Se leen en los ensayos de esos criterios.

B. Cómo cuadran las cifras

La sección 3.2 cuenta casos: una relación en una institución que se asignó el nivel. La misma frase de la Comisión sirve a las dos relaciones en dos instituciones; en una de ellas es una falta, por eso hay cuatro casos con falta y tres frases distintas. La sección 3.1 cuenta instituciones en la síntesis y en la sección, que son fuentes distintas.

La sección 3.5 copia las cifras de la asignación de relaciones del barrido, que las da como "nombra N de M, constata X, falta Y"; el ensayo escribe une donde la asignación escribe nombra.

C. Las relaciones de la Figura 1, en tabla

Tabla 1. Lo que escribe la Comisión en las relaciones de C9 con otros criterios

Relación Nivel Cuentan La une Constata Señala falta Parte (b) Parte (c)
Recursos de la política de equidad de género (C8) 1 16 3 2 1 se debilita en pie
Recursos de la política de inclusión (C8) 1 16 6 3 3 se debilita ajusta

Las dos relaciones que llegan a todas las dimensiones están en la sección 3.5.

Versión del 11 de noviembre de 2026.

Cómo citar: Viveros Soto, R. (2026, 11 de noviembre). Hacemos acciones de convivencia, pero su evaluación todavía no es sistemática. Observatorio de Acreditación Institucional, SERCOVI. https://www.sercovi.cl/observatorio/t09

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