Observatorio de Acreditación Institucional · Ensayo
Rodrigo Viveros Soto, director de SERCOVI
decisiones publicadas por la CNA hasta el 10/10/2026, según la revisión del 18/10/2026, con sus reposiciones; apelaciones al CNED revisadas hasta el 19/10/2026
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) reconoce que la universidad tiene recursos para la docencia, la vinculación y la investigación, y que los usa conforme al plan; aun así la deja en un nivel menor en el criterio de recursos, y escribe que no ve la estabilidad que sostiene el plan ni sistemas de información que apoyen las decisiones. Este ensayo lee el criterio de gestión de recursos (C8) del subsistema universitario en las 13 decisiones de acreditación institucional universitaria del conjunto analizado, desde sus relaciones con otros criterios y frente al modelo de costeo por carrera que el Estado construyó para regular los aranceles. Se encontraron tres cosas. Primero, lo que la Comisión constata en recursos es sobre todo asignación y alineación: de 60 constataciones, 43 dicen que algo está asignado o alineado y seis que algo se usa o tiene efecto, una proporción que casi duplica la de las relaciones de la docencia y de la gestión de personas, incluidas sus dos relaciones con el gobierno. Segundo, en los sistemas para decidir y el patrimonio, la Comisión señala que falta más de lo que constata, y la estabilidad financiera la une con el plan en pocas universidades (cinco de 12). C8 es el criterio de la dimensión con más universidades en el nivel 1, y en diez universidades la Comisión funda su juicio de C8 en lo que informa la Superintendencia sobre la situación financiera, tanto en las del nivel 1 como en las demás; el corpus no separa si el nivel baja por la situación financiera o por la gestión. Tercero, el modelo de costeo de la Subsecretaría de Educación Superior cubre 10 de las 31 exigencias de recursos de los criterios, puede extenderse a 16 y no alcanza a cinco, entre ellas las que sostienen el plan; la Comisión no pide conocer el costo por carrera, y la norma tampoco. El corpus dice lo que la Comisión escribe, no si una universidad gestiona sus recursos. Que conocer el costo de cada carrera ayude a gestionar es una lectura del autor, que el ensayo no prueba.
La universidad tiene una política financiera, un presupuesto que se formula por unidades, un plan de inversiones y un informe de la Superintendencia que dice que su situación es estable o ajustada. En su autoevaluación se asigna un nivel alto en recursos. La Comisión reconoce que hay recursos para la vinculación, la investigación y las instalaciones, y que se asignan según el plan. Pero le escribe que no ve la estabilidad que sostiene el plan, o que la información no apoya las decisiones, y la deja en un nivel menor. El autor agrega una sospecha que las resoluciones no pueden probar: si alguien pregunta cuánto cuesta formar a un estudiante de una carrera, o cuánto cuesta la vinculación, la respuesta puede no estar en el presupuesto.
El síntoma tiene un fundamento normativo. La norma de la CNA para el subsistema universitario pide a C8 "políticas y mecanismos para la gestión de los recursos operativos y económicos", recursos que "aseguran el funcionamiento institucional en el marco de su plan de desarrollo institucional", y en el nivel 2 sistemas de información que permitan "apoyar la toma de decisiones institucionales" (Comisión Nacional de Acreditación, 2021). La norma pide gestionar. No nombra el costeo, y por eso no es esperable que la Comisión lo nombre: lo que el ensayo compara con el modelo de costeo es la letra de los criterios, no lo que escribe la Comisión.
En este ensayo, asignar es destinar recursos a una función y alinearlos con el plan; gestionar es mostrar que esos recursos se usan, con información, para decidir y ajustar, y qué producen. La distinción es del autor, no de la norma: la norma pide una política para obtener, manejar, asignar y controlar los recursos, y en el nivel 2 su uso conforme al plan y sistemas de información que apoyen las decisiones; para ella, asignar es parte de gestionar. Lo que el autor agrega es la pregunta por lo que los recursos producen. Una pasada aparte del barrido separa lo que la Comisión constata: que algo existe, está asignado, está alineado con el plan, se usa o tiene efecto.
Este ensayo es uno de los 14 de la lectura por criterio del Observatorio; el método común está en la pieza Los criterios forman un sistema, pero la resolución se escribe criterio por criterio. La tesis que se puso a prueba es una sola para los 14 criterios: el sistema trabaja como lo escribe la norma. Se lee en tres partes: (a) la relación está en la norma; (b) la Comisión la evalúa, lo que se observa cuando une los dos criterios en una frase, sea para constatar o para decir que falta; (c) la universidad la trabaja, lo que se infiere cuando la Comisión, en las universidades que se asignaron el nivel de la relación, la constata más de lo que señala que falta. Por relación, la parte (b) queda en pie si la Comisión une los criterios en más universidades de las que los separa o calla, y la (c) con la regla recién dicha; con empate, se ajusta. La tesis y esas reglas se fijaron antes de mirar las resoluciones. Las relaciones se codificaron en un barrido único de las 13 resoluciones (la lectura relación por relación), con dos codificadores de inteligencia artificial que no conocían la tesis (codificadores ciegos). Que la Comisión no escriba una relación no prueba que la universidad no la trabaje ni que la Comisión no la haya mirado: el silencio cuenta solo donde la universidad se asignó el nivel de la relación o uno mayor, y puede deberse a que no la trabaje, a que no la presente, a que la Comisión no la escriba o a que no le hiciera falta para fundar el nivel.
El autor parte de una lectura propia: el criterio habla de recursos, pero su foco es la gestión, y el costeo de carrera que construyó el Estado es un instrumento público que puede ayudar a gestionar; sin gestión, las herramientas sobran o solo sirven para reportar. La tesis común se prueba en las resoluciones; la lectura del costeo, no: es una lectura conjunta de la norma y del modelo, sin una condición que la debilite en el corpus. El ensayo retoma, con sus datos verificados de nuevo, un ensayo previo del Observatorio, De la regulación a la gestión, sobre el uso interno del costeo de la Subsecretaría.
La norma escribe en C8 los medios y la gestión. En el nivel 1, una política para obtener, manejar, asignar y controlar los recursos, instalaciones según los programas, infraestructura para la modalidad virtual y un plan de inversiones. En el nivel 2, políticas aplicadas de manera transversal, uso de los recursos conforme al plan, estabilidad financiera para ejecutarlo, sistemas de información para decidir y medición de la satisfacción de los usuarios. En el nivel 3, recursos equivalentes entre sedes, funciones y niveles, capacidad de ajuste al invertir, vigencia tecnológica y un patrimonio y políticas de inversión y endeudamiento que permitan cumplir el plan (Comisión Nacional de Acreditación, 2021).
Las relaciones son 19: 14 con otros criterios o con la docencia (Dimensión I), en dos grupos, y cinco con todas las dimensiones.
Lo asignado y su uso conforme al plan se constatan, salvo los recursos para la inclusión; en los sistemas para decidir y el patrimonio, la Comisión señala que falta más de lo que constata, y la estabilidad la une con el plan en pocas universidades. Lo que la Comisión constata en recursos es asignación y alineación.
En la Figura 1, cada barra es una relación de C8 con otro criterio o con la docencia. A la derecha, en verde, van las universidades donde la Comisión la constata; a la izquierda, en ámbar, donde señala que falta. Basta mirar dónde cambia el color. En adelante, un caso es una relación en una de las universidades que cuentan.
Figura 1. Lo que escribe la Comisión en las relaciones de C8 con otros criterios y con la docencia, por nivel
Cuentan: universidades que se asignaron, en su autoevaluación, el nivel de la relación o uno mayor en el criterio donde está escrita. Las barras suman las que la Comisión constata o en que señala que falta; en las demás nombra los dos criterios por separado o calla. No van dos relaciones que la Comisión no une o une en menos de tres universidades: los recursos de la política de género y los fondos concursables de investigación. Las cifras, con las partes (b) y (c), están en la Tabla 1 del anexo C. 13 decisiones del conjunto analizado.
En el nivel 1 domina el verde en lo asignado, salvo en los recursos para la inclusión. En el nivel 2, el verde sigue en las políticas, los sistemas para la calidad y el uso conforme al plan, y el ámbar domina en los sistemas para decidir; en la estabilidad financiera queda el verde, por un caso. En el nivel 3, el ámbar domina.
Que haya recursos para la vinculación con el medio, la Comisión lo une con C8 en diez de 11 universidades y lo constata en las diez. En otras cuatro relaciones de lo asignado, la Comisión une los criterios en casi todas las universidades y constata más de lo que señala que falta: en los recursos para la investigación, une en ocho de nueve y constata en seis; en las instalaciones según los programas y modalidades, une en 11 de 13 y constata en nueve; en las políticas de recursos según los programas, une en nueve de 12 y constata en seis; y en los sistemas para el aseguramiento interno, une en 12 de 13 y constata en nueve. En el resto de esos casos señala que falta. Las partes (b) y (c) quedan en pie en las cinco. La infraestructura para la modalidad virtual, que la Comisión une en cinco de 13, queda débil en la parte (b).
En una pasada aparte del barrido se clasificó qué afirma cada constatación. En las relaciones de C8 de los niveles 1 y 2, incluidos los fondos concursables y contadas por relación, hay 60 constataciones: 22 dicen que algo está alineado con el plan o los propósitos, 21 que algo está asignado, 11 que algo existe, cuatro que algo se usa y dos que tiene efecto. La constatación de la estabilidad que entró en la revisión del 07/11/2026 no está en esa pasada, y la de los sistemas de información para decidir que pasó a extremos separados en la revisión final de las cinco dimensiones se restó. Si la misma frase contara una vez por universidad, saldrían a lo más cinco menos, y la proporción no cambia. Las frases de asignación se repiten: la universidad dispone de recursos, destina recursos, asigna presupuesto a la vinculación o a la investigación. En el nivel 3 hay cinco, contadas en las 13 universidades y no solo en las que cuentan (en la Tabla 1 son tres): todas de alineación o de asignación.
Es propio de C8, no un modo de escribir de la Comisión en todos los criterios. La misma pasada clasificó 20 relaciones de los niveles 1 y 2 de la docencia y de la gestión de personas, incluidas sus dos relaciones con el gobierno: de sus 113 constataciones, 43 son de alineación, ninguna de asignación y 45 de existencia; en total, el 38 % frente al 72 % de C8. Que en un criterio de recursos se constate asignación es esperable; lo que el dato muestra es que en C8 la Comisión casi no constata otra cosa.
De las relaciones que sostienen el plan y la decisión, dos quedan en pie: el uso de los recursos conforme al plan, que la Comisión une en diez de 12 universidades y constata en seis, y, con base chica, la estabilidad financiera. Lo que la Comisión constata ahí es alineación, que el uso calza con el plan, como pide la norma. En las otras dos, y en los recursos equivalentes del nivel 3, que la sección 2 cuenta en lo asignado, la Comisión señala que falta más de lo que constata.
Que la universidad muestre estabilidad financiera para ejecutar su plan, la Comisión lo une en cinco de 12 universidades: lo constata en tres y señala que falta en dos. Que los sistemas de información apoyen las decisiones, lo une en diez de 12: lo constata en tres y señala que falta en siete. En el nivel 3, que los recursos sean equivalentes entre sedes, funciones y niveles, lo une en cinco de siete: constata en dos y señala que falta en tres; y que el patrimonio y las políticas de inversión permitan cumplir el plan, lo une en tres de siete: constata en una y señala que falta en dos. La parte (c) se debilita en tres de las cuatro y queda en pie en la estabilidad, por un caso; la (b) se debilita en la estabilidad y el patrimonio.
La Comisión usa a veces la misma frase para dos relaciones de la misma universidad: los sistemas para el aseguramiento interno y los sistemas para decidir, en cinco universidades; las instalaciones y las políticas de recursos, en dos. Por relación cada una cuenta; al sumar, la frase cuenta una vez.
La estabilidad y el patrimonio pesan además fuera de este ensayo: de cómo se contó un caso en esas dos relaciones depende el empate de la parte (c) en todo el subsistema. Si ese caso contara como constatación, la parte (c) del subsistema quedaría en pie (anexo D).
La Comisión no une los recursos de la política de equidad de género con la gestión de recursos en ninguna de las 13 universidades. Los de la política de inclusión los une en nueve: constata en tres que están asignados y señala que faltan en seis, sobre todo para extenderlos a toda la universidad. El ensayo de convivencia, El nivel en convivencia no dice si cumplimos la ley de acoso y violencia de género, lee estas dos relaciones desde C7. Los fondos concursables para la investigación, la Comisión los une con C8 en dos de nueve universidades.
En una segunda vuelta del barrido, los codificadores ciegos leyeron si la Comisión funda su juicio de C8 en lo que informa la Superintendencia de Educación Superior sobre la situación financiera. Lo hace en diez universidades (en cuatro de ellas remite a ese informe en la misma frase del juicio); en las tres restantes lo transcribe sin fundar en él su juicio. Lo hace tanto en las universidades que quedan en el nivel 1 (cuatro de cinco) como en las demás (seis de ocho): el dato no distingue el nivel. La ley encarga a la Superintendencia conocer los estados financieros de las instituciones y hacerles recomendaciones (Ley N° 21.091, 2018, artículo 20); la Comisión usa ese conocimiento en C8. En convivencia, según el ensayo de C7, no usa en la sección del criterio lo que la Superintendencia fiscaliza.
Siete universidades se asignaron el nivel 3 en C8. De las 13, la Comisión deja tres en el nivel 3, cinco en el nivel 2 y cinco en el nivel 1 o por debajo; con el último acto, las cinco quedan en el nivel 1. Ningún otro criterio de la Dimensión II tiene tantas universidades en el nivel 1, con el nivel de la Comisión o con el del último acto. Se informa como dato, sin inferir cómo decide la Comisión.
Según la Ley N° 21.091 y las bases técnicas que la aplican, el Estado debe calcular con una metodología pública el costo de la formación por carrera, sede e institución, para fijar el arancel regulado de las instituciones con gratuidad. Ese modelo cubre una parte de lo que los criterios piden en recursos, podría extenderse a la mayoría del resto y no alcanza a lo que sostiene el plan. Ningún estándar de la norma pide conocer el costo por carrera, y la Comisión tampoco lo pide.
El modelo. Las bases técnicas de la Subsecretaría de Educación Superior definen el costo de cada carrera con costos directos e indirectos en tres niveles (carrera, sede e institución), la infraestructura valorizada como costo anual y un plan de cuentas común; la base vigente es la de 2025, para el año académico 2026, con el mismo modelo que su origen de 2024 (Subsecretaría de Educación Superior, 2024, 2025). Su clave, la carrera con su sede y su jornada, es la misma que usan los indicadores de la docencia.
Lo que cubre y lo que no. Se leyeron juntos el modelo y las exigencias de recursos de los 14 criterios universitarios: 31 estándares que nombran un medio que la universidad debe tener, asignar o desplegar. El modelo cubre diez, casi todos de la docencia de pregrado presencial. Los rótulos que siguen son del autor y dicen qué parte del modelo responde a cada estándar: la oferta según las capacidades internas, que se puede leer con el costo de cada carrera, el bienestar estudiantil y los espacios de convivencia, la dotación académica de pregrado, el personal para la docencia y, en C8, la política de asignación y control de los recursos, que puede usar el costo por carrera como base, la mantención, las instalaciones por carrera, la equivalencia entre sedes y jornadas y los sistemas de información, que el modelo costea como servicios informáticos. Se puede extender a 16, con la misma estructura: seis que la ley deja fuera por alcance (la dotación académica de postgrado, el personal de investigación, vinculación y postgrado, la modalidad virtual, la equivalencia entre funciones y niveles, la vinculación y la investigación), cinco que ya entran mezclados y no se ven (los apoyos a la progresión, la unidad de apoyo a la docencia, la innovación docente, el aseguramiento interno y la evaluación de programas), cuatro sin ítem propio (el desarrollo académico, el desarrollo del personal, la equidad de género y la inclusión) y la vigencia del equipamiento. No caben cinco: el plan de inversiones, el uso conforme al plan, la estabilidad con el patrimonio (leídos juntos), la satisfacción de usuarios y los fondos concursables. Entre lo que no cabe está lo que sostiene el plan: el costeo dice cuánto cuesta formar, no si la universidad podrá pagarlo. Los sistemas para decidir, una de las relaciones de C8 que se debilitan, el modelo los cubre solo como costo: dice cuánto cuestan, no si apoyan las decisiones. Que un costo por carrera sea la información que esos sistemas necesitan es una lectura del autor.
Para reportar o para gestionar. El modelo permite repartir los costos de sede o de institución en proporción a la matrícula cuando no hay registro por carrera. Un costo repartido así sirve para reportar, no para gestionar. Y la Subsecretaría controla los costos que informan las instituciones con sus ingresos por aranceles: en el levantamiento de 2023, 29 de las 66 instituciones que reportaron informaron costos totales superiores a esos ingresos, y la Subsecretaría aplicó un ajuste a la información antes de calcular (Subsecretaría de Educación Superior, 2025). Que los costos superen los aranceles no es por sí un error, porque hay otros ingresos; la Subsecretaría lo usa como señal para ajustar. La Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles habla de una "alta heterogeneidad en las capacidades de gestión de las IES" (Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, 2025).
Lo que escribe la Comisión. En la sección de C8, los aranceles regulados aparecen en dos universidades, como factor de ingresos, dentro de lo que la Comisión transcribe de la Superintendencia, y en una tercera la Comisión escribe una brecha entre el arancel regulado y el costo real de formación. En las otras diez no los toca. Nombrar los aranceles no es nombrar el modelo de costeo: en ninguna pide conocer el costo de formar a un estudiante por carrera. Cuando la palabra costo aparece en C8, es en el análisis financiero agregado: el alza de las remuneraciones, la relación entre ingresos y gastos.
Según esas bases, el cálculo rige para las instituciones con aranceles regulados. Para las demás, es una metodología pública que pueden usar. Este ensayo lo presenta como un instrumento disponible para todas, no como una exigencia.
En lo que sostiene el plan y la decisión, la Comisión une los criterios y escribe que falta: sobre todo pide fortalecer o extender lo que existe, y a veces escribe que falta la conexión misma. En las debilidades y oportunidades de mejora de C8, lo financiero aparece suelto y nadie pide costeo.
Qué falta. En las tres relaciones del nivel 2 que sostienen el plan y la decisión (el uso conforme al plan, la estabilidad y los sistemas para decidir) hay 13 frases distintas que señalan falta: en cuatro la Comisión reconoce un mecanismo y pide fortalecerlo, en cuatro escribe que falta la conexión misma (la planificación de los recursos no vinculada con las metas del plan, o falencias del gobierno en el control de la planificación y la ejecución financiera), en tres pide extenderlo, en una medir lo que produce y una no se clasifica. En el patrimonio, del nivel 3, hay dos más. En los recursos de la inclusión, seis: extender en cuatro y fortalecer en dos.
Lo que no calzó. La lectura del autor esperaba que lo que faltara fuera la gestión. En las universidades que quedan en el nivel 1, lo que la Comisión escribe que falta es sobre todo estabilidad, liquidez o eficacia de la gestión financiera, más que un sistema para decidir con costos. El corpus no separa las dos cosas, porque la Comisión las escribe juntas, y la Superintendencia aparece igual en las universidades de otros niveles; se dice como lectura posible, no como hallazgo. Un estudio chileno, con datos de 52 universidades, no encuentra correlación entre los indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad y los años de acreditación (Rodríguez, 2025); no mide el nivel de C8.
Lo que tampoco calzó. No todo lo asignado se constata: en los recursos para la inclusión, de nivel 1, la Comisión señala que faltan en seis universidades y los constata en tres, sobre todo porque no llegan a toda la universidad.
Debilidades y oportunidades de mejora. La Comisión escribe en C8 17 puntos (diez debilidades y siete oportunidades de mejora), en 12 grupos, en 12 universidades, sin patrón: ningún punto se repite en tres o más universidades, visto por los dos codificadores. Los puntos financieros (mejorar la situación financiera y la liquidez, crear alertas tempranas de riesgo, diversificar los ingresos, hacer eficaz la gestión financiera, elaborar un plan asociado a la política de inversión) van en grupos de una o dos universidades y tocan siete. Los demás piden medir la satisfacción de usuarios, renovar sistemas y equipamiento, recursos disciplinares equivalentes entre sedes, homogeneizar la gestión presupuestaria, adecuar espacios inclusivos o seguir las inversiones. Ninguno pide costeo. Según las reglas de la CNA para la evaluación externa, las debilidades se revisan en el proceso siguiente; por eso pesan más.
La literatura reciente describe en otros sistemas un corte parecido, entre costear para reportar y costear para decidir, y cuestiona la idea del autor: un costeo impuesto puede usarse poco para decidir. No se encontraron estudios sobre el costeo de carreras en Chile fuera de las bases de aranceles regulados.
Costear para valorizar o para decidir. Una revisión sobre los sistemas de costeo completo en educación superior concluye que hay una brecha entre las razones que dan los gobiernos y financiadores para imponerlos y la información que las instituciones necesitan para gestionar (Sanches et al., 2023).
Lo que cuestiona la idea del autor. Tener un costeo no asegura usarlo para decidir, y asignar puede ser ya gestionar. Los modelos de planificación y asignación de recursos de universidades de investigación muestran la asignación como una decisión estratégica, no como un reparto (Ferrero y Salles-Filho, 2025). En el Reino Unido, el sistema de costeo que el regulador exige a las universidades desde hace más de veinte años se discute todavía como un insumo poco usado para decidir (Salter y Cohen, 2025, según su resumen). Si el costeo se impone para reportar, puede quedarse en eso.
Adoptar el costeo por actividades. En una universidad estatal sudafricana, la adopción del costeo por actividades se apoyó en la estrategia, la tecnología y la utilidad de la información de costos para decidir, y la frenó la poca adaptabilidad de los sistemas (Kudanga et al., 2023). En universidades australianas, lo adoptaron sobre todo las de mayores ingresos, y sostenerlo depende de las características de la organización (Abeysekera y Sharma, 2023). Una revisión muestra un campo que crece (Borges et al., 2024).
Asignar sin gestionar. En una facultad de una universidad pública noruega, la restricción presupuestaria blanda se arraigó en una estructura departamental disfuncional y en una gestión financiera centralizada y poco transparente, que protegía a los departamentos de rendir cuentas (Bertheussen, 2025).
Chile. Los estudios chilenos relacionan el desempeño financiero con la acreditación: el nivel de acreditación con indicadores financieros (Barrientos Oradini, 2024) y los años de acreditación con liquidez, solvencia y rentabilidad, sin correlación significativa (Rodríguez, 2025). Ninguno estudia el costo de formar por carrera.
Lo que matiza. En Estados Unidos, las estrategias de financiamiento estatal no se relacionan con los resultados de los estudiantes en las universidades (Kelchen et al., 2023, según su resumen): más financiamiento no se traduce por sí solo en resultados, y tener recursos no basta.
Queda en pie que la Comisión constata en C8 lo asignado: recursos para la vinculación, la investigación, las instalaciones y el aseguramiento interno, y su uso conforme al plan. Lo que constata es asignación y alineación; uso y efecto, pocas veces, y menos que en la docencia y la gestión de personas. Se debilitan, en la parte (c), los recursos para la inclusión, los sistemas para decidir, el patrimonio y los recursos equivalentes; la estabilidad queda en pie por un caso. C8 es el criterio de la dimensión con más universidades en el nivel 1. Que asignar no sea gestionar es la lectura del autor; la norma lo une. Para la universidad, eso deja tres ideas.
Si es tu caso. Si en tu universidad hay presupuesto, política financiera y plan de inversiones, pero no puedes decir cuánto cuesta formar a un estudiante de cada carrera, ni cuánto cuestan la vinculación o la investigación, la nota técnica Cuánto nos cuesta cada carrera y cada función, y qué cifra sirve para decidir propone una forma de saberlo, partiendo de la estructura de costeo por carrera que el Estado construyó para regular los aranceles, y de decir cuánto de cada cifra es medición y cuánto convención. La nota no nace de un patrón en las resoluciones ni se presenta como respuesta a lo que la Comisión escribe sobre los sistemas para decidir: nace de un instrumento público que la acreditación no nombra.
Las limitaciones comunes están en la pieza de método común. Las propias de este ensayo son seis.
Fecha de corte: decisiones de acreditación institucional universitaria publicadas por la CNA hasta el 10/10/2026, según la revisión del 18/10/2026, con sus reposiciones; apelaciones al Consejo Nacional de Educación revisadas hasta el 19/10/2026.
La declaración completa está en la pieza de método común. En este ensayo, Claude (Anthropic) leyó junto el modelo de costeo y las exigencias de recursos de los criterios, leyó las relaciones de lectura del anexo A sin segundo codificador, hizo los recuentos con scripts y redactó el borrador. La lectura de los resultados y la idea del costeo como instrumento de gestión son del autor.
Abeysekera, I., y Sharma, R. K. (2023). Activity-based costing technology adoption in Australian universities. Frontiers in Psychology, 14, 1168955. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1168955
Barrientos Oradini, N. (2024). Desempeño financiero de las universidades chilenas y sus niveles de acreditación. Observatorio Económico, (191), 5-9. https://doi.org/10.11565/oe.v1i191.557
Bertheussen, B. A. (2025). Institutional logics and soft budget constraints: a study of financial management practices at a public university faculty. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 37(6), 129-155. https://doi.org/10.1108/jpbafm-06-2024-0093
Borges, P., Alves, M. do C., y Silva, R. (2024). The activity-based costing system applied in higher education institutions: a systematic review and mapping of the literature. Businesses, 4(1). https://doi.org/10.3390/businesses4010002
Ferrero, L. G. P., y Salles-Filho, S. L. M. (2025). Planning and resource allocation models in research-intensive universities: budget allocation and the search for excellence. Humanities and Social Sciences Communications, 12. https://doi.org/10.1057/s41599-025-04778-z
Kelchen, R., Ortagus, J. C., Rosinger, K. O., Baker, D. J., y Lingo, M. D. (2023). The relationships between state higher education funding strategies and college access and success. Educational Researcher, 53(2), 100-110. https://doi.org/10.3102/0013189x231208964
Kudanga, A., Nzuza, Z. W., y Stainbank, L. J. (2023). Factors affecting the adoption of activity-based costing in a South African state university. Journal of Economic and Financial Sciences, 16(1). https://doi.org/10.4102/jef.v16i1.837
Rodríguez, C. E. (2025). Gestión financiera y calidad de las universidades: un estudio cuantitativo desde Chile. Interciencia, 50(2).
Salter, R., y Cohen, E. (2025). Understanding universities' costs: what can TRAC tell us? King's College London Policy Institute.
Sanches, P., Fernández-Feijóo Souto, B., y Gago-Rodríguez, S. (2023). Information needs in higher education institutions: stock valuation or decision-making? Higher Education Policy, 36(3), 497-509. https://doi.org/10.1057/s41307-022-00269-x
Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles. (2025). Oficio N° 8, observaciones al Informe de Cálculo de valores regulados 2026.
Comisión Nacional de Acreditación. (2021). Criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional del subsistema universitario (Resolución Exenta DJ N°253-4, de 16 de septiembre de 2021). CNA-Chile.
Ley N° 21.091. (2018). Sobre Educación Superior. Diario Oficial de la República de Chile.
Subsecretaría de Educación Superior. (2024). Resolución Exenta N° 3819, texto refundido de la Resolución Exenta N° 1481, bases técnicas para el cálculo de los valores regulados. Ministerio de Educación.
Subsecretaría de Educación Superior. (2025). Resolución Exenta N° 887, bases técnicas para el cálculo de los valores regulados del año académico 2026, e Informe de Cálculo de valores regulados 2026. Ministerio de Educación.
El método común (relaciones, decisiones, regla de niveles, codificación, prueba de qué falta, vuelta de variables, debilidades y oportunidades de mejora) está en el anexo de la pieza de método común, que trae también las 82 relaciones con su resultado. Este anexo agrega solo lo propio de C8.
La norma no escribe estas siete relaciones; el mapa normativo (la lectura de la norma que el Observatorio hizo antes del barrido) las registra como lectura del autor. No cuentan para la tesis.
Fuera del barrido quedan 11 relaciones internas de C8 y una sin dato (los recursos del estado del arte de las disciplinas, con la Dimensión V). Las lecturas de la sección de C8 son por búsqueda de palabras, sin segundo codificador.
La lectura conjunta del modelo de costeo y de los criterios clasificó cada estándar con una exigencia de recursos en tres marcas: el modelo lo cubre (lo nombra o su definición lo contiene), se puede extender (la estructura de carrera, sede e institución lo puede llevar con un ítem nuevo o con otro alcance) o no cabe. Los aranceles y la Superintendencia se codificaron en la segunda vuelta del barrido con dos codificadores ciegos y segunda lectura de Claude. El dato de 2023 sobre los costos reportados se cotejó contra el texto del Informe de Cálculo 2026.
Tabla 1. Lo que escribe la Comisión en las relaciones de C8 con otros criterios y con la docencia, por nivel
| Lo que une la relación | Nivel | Cuentan | La une | Constata | Señala falta | Parte b | Parte c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos para la vinculación (C11) | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | en pie | en pie |
| Recursos para la investigación (C13) | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | en pie | en pie |
| Instalaciones según los programas (Dimensión I) | 1 | 13 | 11 | 9 | 2 | en pie | en pie |
| Infraestructura para la modalidad virtual (Dimensión I) | 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | se debilita | en pie |
| Recursos para la inclusión (C7) | 1 | 13 | 9 | 3 | 6 | en pie | se debilita |
| Políticas de recursos según los programas (Dimensión I) | 2 | 12 | 9 | 6 | 3 | en pie | en pie |
| Sistemas para la calidad (C9) | 2 | 13 | 12 | 9 | 3 | en pie | en pie |
| Uso de los recursos conforme al plan (C5) | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | en pie | en pie |
| Sistemas de información para decidir (C5) | 2 | 12 | 10 | 3 | 7 | en pie | se debilita |
| Estabilidad financiera para el plan (C5) | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | se debilita | en pie |
| Recursos equivalentes entre sedes y niveles (Dimensión I) | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | en pie | se debilita |
| Patrimonio e inversión para el plan (C5) | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | se debilita | se debilita |
Cuentan: universidades que se asignaron el nivel de la relación o uno mayor en el criterio donde está escrita. La une: universidades donde la Comisión nombra los dos criterios en la misma frase, para constatar o para señalar falta. No van los recursos de la política de género (no se une en ninguna) ni los fondos concursables de investigación (dos de nueve). 13 decisiones del conjunto analizado.
La pieza de método común informa que la parte (c) queda en empate en el subsistema, 27 relaciones contra 27, y que el empate depende de un caso: en la estabilidad financiera y en el patrimonio para el plan, la Comisión transcribe en C8, para una misma universidad, una cita de la Superintendencia. Si ese caso contara como constatación, el patrimonio quedaría en empate en la parte (c) y la parte (c) del subsistema quedaría en pie; en la parte (b), la estabilidad quedaría en empate y el patrimonio, en pie. Hasta la revisión del 07/11/2026 la parte (c) se debilitaba por dos relaciones: una falta que la Comisión escribe para la investigación se contaba también en la estabilidad, y se corrigió.
Versión del 11 de noviembre de 2026.
Cómo citar: Viveros Soto, R. (2026, 11 de noviembre). Asignamos los recursos según el plan, pero no mostramos qué lo sostiene. Observatorio de Acreditación Institucional, SERCOVI. https://www.sercovi.cl/observatorio/u08